Telecinco ha demandado a Youtube por “difundir sus contenidos”. Es la primera demanda de una televisión española al estilo Viacom y, lógicamente, está armando bastante revuelo. Desde Telecinco se indica que por mucho que sean los usuarios quienes cuelgan los vídeos, quien tiene los ingresos es Google y, tras no llegar a un acuerdo con ellos, pues demanda al canto (El Mundo). Desde Youtube se señala que están abiertos a utilizar su sistema de detección de contenidos con derechos de autor.
Mucho se está escribiendo sobre el tema, con acierto se indica la hipocresía de una cadena que no duda en utilizar vídeos tomados de internet (Youtube incluido) en sus programas de zapping, que por duración de los vídeos lo que recibe Telecinco es promoción y que esta cadena haría bien en diseñar una estrategia para internet al estilo de la Sexta o RTVE.
Todo eso es correcto, pero al final hay una máxima que Google y Youtube no pueden obviar, si se quiere hacer negocio en el mundo de los contenidos se tiene que plantear una fórmula en la que todos ganen y que todos acepten: creadores, usuarios y plataforma. Ahora mismo tienen serios problemas para generar ingresos y lo que no es válido es pretender crear el negocio con contenidos de terceros. Ojo, claro que es una situación muy diferente el de las webs o sistemas en la que los usuarios intercambian contenidos sin ánimo de lucro… pero Youtube es otra cosa. Si quieren vídeos de Telecinco y meter publicidad, tienen que llegar a un acuerdo con ellos, no hay otra.
Una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia ha fijado el nuevo canon que grava los CDs y los DVDs vírgenes, los teléfonos móviles o las PDAs que dispongan de MP3, así como los reproductores de MP3 y MP4. También pagarán una tasa los escáneres, las grabadoras, las fotocopiadoras etcétera. De ese modo se desarrolla lo dispuesto en la improvisada ley de propiedad intelectual. Y paralelamente, al hilo de las nuevas tarifas -se produce una bajada en el canon de los móviles-, ha resurgido la protesta airada de los consumidores, que, con toda la razón, no están de acuerdo con que se les sancione preventivamente por una infracción que pueden o no cometer.
No entienden las sociedades de gestión de derechos de autor -que se manifiestan “muy satisfechas” por esta disposición- que el establecimiento de un canon para recuperar aquellos derechos que pierden por copias fraudulentas o ilegales es simplemente una invitación al pirateo. Puesto que ya nos han cobrado por la estafa -pensará más de uno-, no es lógico que dejemos de cometerla.
Los productores de contenidos susceptibles de ser pirateados, y muy especialmente las discográficas, harían bien en aguzar el ingenio, abaratando costes y precios, entregando productos de mayor valor añadido y seduciendo a los consumidores, en lugar de enfrentarse a ellos como si fuera posible poner puertas al campo.