Las empresas y organismos públicos podrían librarse del canon digital. Así lo ha puesto de manifiesto la Audiencia Provincial de Barcelona, que acaba de presentar una consulta al Tribunal de Luxemburgo, para esclarecer si el canon estaría infringiendo la normativa europea en esta materia. Por lo visto, la Audiencia defiende una postura en la que las empresas privadas, organismos públicos y profesionales, no deberían pagar el canon impuesto sobre artículos electrónicos, al distinguir copias privadas de los usos meramente laborales.
Pero la Audiencia Nacional no ha inventado nada. De hecho, la Comisión Europea había puesto en duda en repetidas ocasiones, la autoridad del canon digital aprobado por el Gobierno Español. Entre estas apreciaciones, estaba una que alertaba de que no todos los aparatos electrónicos tienen por qué destinarse a la copia privada, argumento en el que claramente se basa ahora la Audiencia de Barcelona.
Esta cuestión pre-judicial (así es como se llama la consulta a organismos superiores) tiene lugar después de que la SGAE denunciara a la empresa Padawan, dedicada a actividades informáticas, para exigirle el pago de dicho canon. Pero no sólo se ha puesto en duda el papel de las empresas en este asunto. Y es que la Audiencia tampoco ve claro que los usuarios particulares tengan que pagar indiscriminadamente este impuesto adicional, dado que no es demostrable que todo el mundo copie y distribuya material con derechos de autor. Ahora, sólo cabe esperar que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie, y nos explique de una vez por todas, si el famoso canon vulnera la legislación de la Comunidad Europea, y en consecuencia alguien tiene que retractarse. Sobre todo para evitar que algunos busquen trucos para evitar el canon a través de Internet.
La comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, ha decidido seguir su cruzada contra las empresas de telecomunicaciones que trabajan en Europa al obligarles a rebajar sus precios. Ahora le ha tocado a los mensajes cortos (SMS) que se envían en otro país europeo distinto del de residencia (itinerancia), nada menos que 2.500 millones en 2007, por valor de 800 millones de euros.
La idea de la comisaria, que tendrá que recibir ahora el visto bueno del Consejo de Ministros de la Unión Europea y de la Eurocámara, es que enviar un mensaje fuera de casa cueste, como mucho, 11 céntimos de euro. Esta cantidad es, de media, un 60% más económica que el precio actual.
En el caso de España la rebaja será aún mayor, ya que las operadoras españolas son las que más cobran a los visitantes extranjeros por el envío de SMS, nada menos que 42 céntimos, tanto en la modalidad de prepago como en la de contrato, según datos de la CE. Además, el Ejecutivo comunitario quiere aumentar la transparencia para el servicio de envío y recepción de datos a través del móvil cuando se está en otro país, de modo que la operadora tenga que informar en todo momento al cliente del precio que va a pagar por la transferencia de datos y se eviten «sustos» con las facturas.
En cuanto a las llamadas en itinerancia, los actuales topes de 46 céntimos/minuto para las llamadas que se realizan y 22 céntimos para las recibidas, se reducirán hasta los 34 y 10 céntimos, respectivamente, en julio de 2012. Además los consumidores empezarán también a beneficiarse en unos meses de la tarificación por segundos y no por minutos como ahora.