Canonical ha puesto a disposición de los usuarios la versión 9.10 de Linux Ubuntu. Siguiendo la tradición que establecido la compañía, esta distribución ha sido bautizada con el año (2009) y del mes (10) en el que se ha publicado. La compañía publica normalmente dos versiones al año de esta distribución.
Según las pruebas de eWEEK, los desarrolladores han puesto especial cuidado en la seguridad, mejorando notablemente la encriptación de los datos de las unidades de disco. Ya es posible encriptar solamente las carpetas que le interesen al usuario y no todo el disco. Además la política de permisos es ahora más exigente gracias a AppArmor que hacer referencia al control de acceso de usuarios a distintos recursos del sistema.
A través del sitio Ubuntu One, Canonica está apostando por los nuevos servicios en la nube. Los usuarios del nuevo Ubuntu 9.10 podrán hacer copias de seguridad de sus datos en servidor exclusivamente para eso, permitiendo, por ejemplo, recuperar los datos en caso de pérdida a nivel local. Igualmente se han contemplado las tareas de sincronización de los datos entre el ordenador y el servidor.
Como publica eWEEK, Canonical planea seguir mejorando el servicio Ubuntu One para ofrecer a los usuarios un valor añadido a la distribución de Linux más popular del momento.
Warner y YouTube han alcanzado un acuerdo este martes que permitirá que los videos de artistas como Madonna o Green Day, representados por la discográfica, vuelvan a aparecer en el portal. El contrato, cuyos términos exactos no han sido revelados, estipula que Warner percibirá la mayor parte de los ingresos generados por la publicidad asociada a los contenidos de sus cantantes. Precisamente, las diferencias en cuanto a la explotación de los videoclips terminaron en diciembre de 2008 con la retirada de los productos de la discográfica de Youtube.
De esta manera, las producciones de Madonna, Green Day o Metallica volverán a poder verse gratuitamente en el reproductor más popular de la red, propiedad del gigante tecnológico Google. “El nuevo acuerdo nos permite mirar al futuro y compartir los ingresos, que en su mayoría irán a para a Warner cuando la publicidad esté asociada a los contenidos de sus artistas”, ha asegurado Chris Maxcy, director de colaboraciones en YouTube. Tras el arreglo con Warner, YouTube reunirá vídeos musicales de todas las grandes discográficas, entre ellas Sony, Emi y Universal.
Warner fue la primera compañía discográfica que autorizó la publicación de sus vídeos en YouTube, a raíz de un acuerdo suscrito en 2006, pero decidió no prorrogar el contrato cuando éste expiró. La discográfica buscaba recibir una parte mayor de los posibles ingresos por el tráfico en el sitio de Internet, que recibe cerca de un millón de visitas mensuales tan solo en Estados Unidos.
Global Gaming Factory (GGF), la nueva sociedad propietaria de The Pirate Bay, pagará a quienes compartan archivos a través de este sitio P2P, según ha asegurado su consejero delegado Hans Pandeya en una entrevista a la BBC.
GGF ha comprado The Pirate Bay por 5,5 millones de euros en efectivo y acciones, aunque se desconoce si hará frente a las millonarias sanciones económicas que pesan sobre The Pirate Bay por el intercambio de archivos. Hans Pandeya, consejero delegado de GGF, ha asegurado que la única forma de vencer la descarga ilegal de contenidos es crear algo más atractivo. “Vamos a implantar un sistema donde el intercambio de archivos genere dinero”.
En su opinión, el modelo de negocio de The Pirate Bay seguirá siendo el mismo: un sitio para el intercambio. La única diferencia -al menos en contenidos- será que los archivos se albergarán legalmente, en lugar de ser robados a los propietarios del copyr¡ght. “Somos una compañía que cotiza en bolsa, así que todo lo que hacemos tiene que ser legal. Los proveedores de contenidos necesitan ser remunerados y conseguir que sus deseos y demandas coincidan”, ha declarado a la BBC.
Pandeya considera que uno de los mayores obstáculos para superar el intercambio ilegal de archivos es el coste cero para los usuarios, mientras en los sitios legales se paga para obtener contenidos.
La única manera de hacer algo más atractivo, dice, es pagar a los internautas para compartir archivos. “Más de la mitad de todo el tráfico de Internet se dedica al intercambio de archivos a través de las redes P2P. Comprar The Pirate Bay nos da una de las mayores fuentes de tráfico. Entonces, podremos utilizar esta masiva red para ayudar (a los proveedores de acceso a Internet, ISP) a reducir la sobrecarga de la red. Imagínese que lanzan un hit. En lugar de un milllón de descargas desde un sitio, que podría causar una presión considerable sobre el ISP, podemos coger la canción y lanzarla en el P2P. El titular de los derechos de autor cobra, el usuario obtiene su canción, el ISP no tiene un millón de personas acaparando un único archivo y a los internautas les pagamos por colocar la canción en la red P2P”.
Pandeya asegura que su empresa pagará a titulares del copyright y a los internautas que cuelguen los archivos, porque ella obtendrá ingresos aligerando a los ISP de la sobrecarga que les genera el tráfico P2P. “Hemos trabajado con ellos durante más de un año y podemos recortar sus costes, cuando el sistema se sobrecarga, en un 90%. Todos tiene este problema y nosotros podemos resolverlo”.
GGF también pretende aprovechar la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la comunidad P2P creando una potente red distribuida (grid computing). “Estamos hablando de la próxima generación del sistema de intercambio de archivos, que permitirá generar ingresos del almacenamiento y la mejora del tráfico de Internet”.
El nuevo jefe de The Pirate Bay reconoce que la tecnología está en pañales: “Sólo estamos enseñando nuestras intenciones y pedimos a los usuarios que tengan fe”.
El acuerdo inconcluso entre los proveedores de acceso a Internet y las sociedades de gestión de derechos de autor para combatir las descargas en España preveía la creación de un portal de contenidos digitales a precio asequible.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, confirmó ayer varios detalles del acuerdo entre Redtel y la Coalición de Contenidos y que está ahora en punto muerto. Ros aseguró que una de las aportaciones más valiosas de las negociaciones fue la idea de crear un superportal con gran número de contenidos “a precios en línea con lo que es la potencialidad de la herramienta”. También dijo confiar en el esfuerzo realizado hasta ahora y que “con un pequeño esfuerzo adicional se podrán alcanzar acuerdos”.
Bruselas no ataca la ley gala.
La Comisión Europea dio ayer por buena la conocida como “ley de los tres avisos”, aprobada ayer por el Senado francés. Según la comisaria de Telecomunicaciones, Viviane Reding, cortar la conexión a un internauta sin pasar por el juez no es lo que el Ejecutivo comunitario quiere, pero tampoco es ilegal. “No todo lo que no me gusta políticamente es también ilegal”, aseguró Reding, en declaraciones difundidas por un portavoz a preguntas de Público.
Reding apoyó en el pasado la conocida como enmienda 138/46, dentro de un amplio paquete legislativo europeo, para impedir que tribunales administrativos integrados por los propios operadores pudieran inspeccionar las actividades de los internautas y cortales la conexión en caso de descargarse contenido con copyright.
Sin embargo, la comisaria eludió ayer criticar la ley francesa, reivindicando la “soberanía” de Francia y su cámara alta, que ratificó por 189 votos a favor y 14 en contra la decisión que el martes tomó la Asamblea Nacional.
El conocido como “paquete telecom”, que pretende prohibir a nivel europeo leyes como la francesa, fue motivo de arduas negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de los 27 Gobiernos, donde Francia presionó sin éxito a la Eurocámara para que diese vía libre a la ley que ayer ratificó el Senado. El Parlamento, en contra de que tribunales administrativos puedan ordenar la interrupción de la conexión, negociará para buscar un acuerdo con los Gobiernos en los próximos ocho meses.
El Parlamento Europeo (PE) respaldó ayer, de forma inesperada, una enmienda en el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario, por lo que el conjunto del paquete de medidas legislativas queda bloqueado.
Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el PE y los países de la UE, la totalidad del marco no podrá aprobarse en esta legislatura, cuyo último pleno se celebra esta semana.
La regulación pasará en otoño al comité de conciliación que tendrá la última oportunidad para que la Eurocámara y el Consejo logren un acuerdo, a menos que los ministros de Telecomunicaciones den su visto bueno a la votación de ayer, el 12 de junio. Esto es muy poco probable porque un grupo de países, encabezado por Francia, Reino Unido y Alemania, no acepta la posición del Parlamento sobre la necesidad de una sentencia judicial para restringir el acceso a internet.
El grupo socialista respaldó en bloque la enmienda; los populares estuvieron divididos con una mayoría que se abstuvo. Por ello, el PE optó por no imponer “restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales”, según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE sobre libertad de expresión y de información, “excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada”.
La organización Facua-Consumidores en Acción se mostró satisfecha por esta decisión. Para ésta, dicha medida habría convertido a unas cuantas empresas en “policías y jueces de la Red, que dictarían sentencias partiendo de la presunción de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas web o compartiese archivos en internet”.