Una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia ha fijado el nuevo canon que grava los CDs y los DVDs vírgenes, los teléfonos móviles o las PDAs que dispongan de MP3, así como los reproductores de MP3 y MP4. También pagarán una tasa los escáneres, las grabadoras, las fotocopiadoras etcétera. De ese modo se desarrolla lo dispuesto en la improvisada ley de propiedad intelectual. Y paralelamente, al hilo de las nuevas tarifas -se produce una bajada en el canon de los móviles-, ha resurgido la protesta airada de los consumidores, que, con toda la razón, no están de acuerdo con que se les sancione preventivamente por una infracción que pueden o no cometer.
No entienden las sociedades de gestión de derechos de autor -que se manifiestan “muy satisfechas” por esta disposición- que el establecimiento de un canon para recuperar aquellos derechos que pierden por copias fraudulentas o ilegales es simplemente una invitación al pirateo. Puesto que ya nos han cobrado por la estafa -pensará más de uno-, no es lógico que dejemos de cometerla.
Los productores de contenidos susceptibles de ser pirateados, y muy especialmente las discográficas, harían bien en aguzar el ingenio, abaratando costes y precios, entregando productos de mayor valor añadido y seduciendo a los consumidores, en lugar de enfrentarse a ellos como si fuera posible poner puertas al campo.
Promusicae, entidad que aglutina a la mayoría de las discográficas españolas, y las multinacionales Universal, Sony-BMG, Warner y EMI han presentado ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda en la que reclaman 13 millones de euros a Pablo Soto Bravo, como creador y máximo responsable de las páginas web Blubster, Piolet y Manolito. Éstas proporcionan programas p2p para el «intercambio ilegal» entre particulares de música protegida; una especie de
A lo largo de los más de cien folios del escrito, los demandantes argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas «con evidente ánimo de lucro» y con «una conducta parasitaria» para obtener provecho de la obra de otros. Tras un «cálculo conservador» de los perjuicios, las discográficas reclaman al demandado la citada cantidad, y exigen la inmediata clausura de las páginas.
Según una agencia de detectives contratada por Promusicae, Soto explica personalmente a los interesados en contratar publicidad que sus tarifas «no son por ‘clicks’, sino por volumen» y que acepta clientes «a partir de 10.000 dólares mensuales, negociables».
Las tres redes p2p que promovió Soto se engloban en la plataforma ManolitoP2P (MP2P) y presentan características muy similares: están concebidas para el intercambio de música -ya que sólo aceptan archivos con formato mp3, wma y ogg-, y carecen de filtros para evitar el intercambio de archivos protegidos por los derechos de propiedad intelectual de autores, productores e intérpretes.
Los reclamos publicitarios en las páginas de Soto, dice la demanda, «incitan a intercambiar grabaciones musicales». Sus lemas, en inglés, animan a «entrar en el mundo de las descargas gratuitas», o presumen de que «millones de usuarios en todo el mundo pueden compartir sus archivos de música y ayudar a crecer la comunidad en línea». Así, cuanto mayor es el número de consumidores, más crece la base de canciones y los ingresos publicitarios. La media de usuarios conectados simultáneamente a estas webs ha rondado en estos últimos meses las 235.000 personas.
Para calcular el perjuicio causado, Promusicae aplica «la estimación más cautelosa posible», por la que cada internauta que se haya descargado alguno de los tres programas sólo lo ha utilizado para obtener una canción gratis. Esta entidad confía en que la demanda sirva para «combatir esa sensación de impunidad con la que algunos se aprovechan de las nuevas tecnologías para pisotear los legítimos derechos de los creadores y demás profesionales musicales».
Por su parte, Pablo Soto explica en un comunicado su plan ante esta «demanda sin precedentes»: «Nos defenderemos firmemente contra este intento de las multinacionales de destruirnos. En lugar de abrazar la tecnología, eligen un camino que les llevará a su propio final». «Promusicae intentó plantear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la UE, cargan contra una herramienta de comunicación neutral como es la tecnología P2P».
La Audiencia Provincial de Barcelona ha paralizado las vistas de al menos seis casos de tiendas de informática, denunciadas por las entidades de gestión de derechos de autor por no facturar el canon digital. Según la Audiencia, al habérsele planteado dudas sobre la “equidad” del mismo, suspende todos los procedimientos hasta tener la opinión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En Burgos se ha planteado una cuestión similar.
Los seis comercios de Barcelona habían sido ya juzgados y condenados, por lo que apelaron a la Audiencia. Después de una primera vista con uno de ellos, la Audiencia ha hecho públicas sus dudas sobre la idoneidad de cobrar el canon por copia privada a empresas, administraciones y particulares que usen los soportes para realizar otro tipo de copias.
La providencia de la Audiencia se pregunta si “la aplicación en España del canon por copia privada respecto de aparatos o materiales de reproducción digital excede de lo que debería ser una compensación equitativa por la limitación que supone el derecho de reproducción por copia privada”. Al menos “tal y como es concebida por la Directiva Comunitaria 2001/29 CE, al afectar a materiales y medios destinados a un uso distinto, como puede ser el almacenamiento” de información.
Las partes en litigio tienen 10 días para argumentar en favor o en contra de esta decisión. La Audiencia remitiría a la justicia europea tanto su pregunta como la que quieran formular las partes en conflicto.
Las dudas de la Audiencia surgieron cuando, hace tres semanas, la tienda de informática Traxtore presentó su apelación, en la que destacaba la respuesta que dio el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, en nombre de la Comisión Europea, a una pregunta del eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Raul Romeda: “Sólo deben gravarse con cánones los soportes y equipos que efectivamente se utilicen para hacer copias realmente destinadas a uso privado. La Comisión considera que los equipos utilizados con fines comerciales, en empresas o en administraciones públicas, no deberían gravarse con cánones”.
McCreevy denunciaba en su dictamen que “el canon sobre productos digitales implantado en España se aplica a soportes y aparatos sin hacer distinción entre los consumidores que se proponen utilizarlos para la reproducción de material protegido y los que no tienen tal propósito”.
Traxtore había sido denunciada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en marzo de 2006. La multaron con 48.000 euros por haber efectuado compras desde 2002 en las que no había pagado el canon a sus proveedores. Por aquel entonces, muchas tiendas informáticas no conocían el funcionamiento del canon, ya que hasta 2003 la patronal del sector, ASIMELEC, no firmó un acuerdo público con las entidades de gestión.
En el juicio contra Traxtore, en enero de 2007, la tienda alegó la inconstitucionalidad del canon, pero la sentencia, en junio, calificaba su alegato de “una serie de argumentos insostenibles que carecen del más mínimo rigor jurídico y que resultan ser por lo descabellados imposibles de contraargumentar lógicamente. Lo único que merecen es un rechazo general”. El juez rechazaba plantear una cuestión de inconstitucionalidad o acudir a los tribunales europeos.
Ana María Méndez, propietaria de Traxtore, considera “una forma de responder a los guiños que nos llegan desde Europa diciendo que esto es abusivo y hay que regularlo, para que sea equitativo y realmente compensatorio”. La tienda barcelonesa perdió en primera instancia el juicio a pesar de incluir en sus alegaciones la petición de que el juez consultara a los tribunales europeos.
En el recurso ante la Audiencia volvió a presentar la misma petición y el tribunal la ha acogido. Según Josep Jover, abogado de los propietarios de la tienda, se trata de la primera vez que, en un caso de derecho mercantil, la Audiencia acepta este tipo de consulta. Según Jover, hasta ahora, las sentencias han sido en su mayoría condenatorias contra las tiendas. En la actualidad calcula que hay unos 200 casos similares en toda España. Según el abogado, todos los apelantes pueden incluir la misma petición de consulta a Europa, y la decisión del tribunal barcelonés puede tener efecto dominó.
EXGAE nació a consecuencia de las convulsiones provocadas por la SGAE en distintos artistas, músicos, hosteleros e incluso personas que pertenecen al sector informático. Sus malas experiencias con la Sociedad General de Autores les llevaron a la rebeldía. Había otra forma de defender la propiedad intelectual. “La idea sale a raíz de juntarnos mucha gente que ha tenido distintas experiencias, en la mayoría desagradables, para afrontar sus propios problemas por lo que hemos ido buscándonos la vida agrupándonos”, asegura Ana María Méndez, representante de las tiendas de informáticas demandadas, APEMIT. En total EXGAE está compuesta por 24 agrupaciones diferentes, dos de ellas incluso aún son socios de la SGAE, pero el tiempo y el desengaño les hizo mirar la defensa de sus derechos con otro prisma y esperar a que expire su contrato con la SGAE. El periodo de permanencia mínimo en la Sociedad General de Autores son tres años y para darse de baja hay que solicitarla un año antes.
La nueva asociación no propone un modelo cerrado, a diferencia de la SGAE. El objetivo de esta asesoría, aseguran sus miembros, es mostrar las distintas alternativas que un artista puede disponer a la hora de registrar su obra e incluso mecanismos legales de defensa ante demandas presentadas por la SGAE: “Ponemos en común distintas herramientas que cada uno ha desarrollado, que son efectivas y se constituyen como un material muy valioso cuando te viene una carta o una auditoria”, afirma Méndez.
Entre esas alternativas se encuentran: el registro de la propiedad intelectual o las licencias Creative Commons y Copyleft, que contribuyen a una libre difusión siempre y cuando se respete la autoría de la obra. Este tipo de licencias son idóneas para un medio como Internet en el que el objetivo de los artistas es su difusión: “Si firmas por un sello y estás en la SGAE para vivir no te da la venta de discos, lo que te dan ingresos son los conciertos”, explica Marc Sempere, músico de profesión y que ahora ha decido arrimar el hombro dentro de EXGAE. La tesis defendida por Sempere no es ni mucho menos nueva, el hábitat del músico por naturaleza es el escenario e Internet es la herramienta para propagar su música y conseguir más conciertos.
‘La imprenta’ del siglo XX
Hasta 1449 los libros sólo tenían un camino para ser difundidos. Los monjes y frailes copistas eran los encargados de realizar las copias de los ejemplares señalados como actos, la revolución de Gutemberg fue la expansión y difusión de los libros provocada por la imprenta. A partir de ese momento, cualquiera podía acceder a la lectura porque los costes eran cada vez menores. A su vez, la interpretación de la Biblia ya no estaba reservada a los sacerdotes. Al igual que entonces, Internet ha causado un efecto similar: la difusión de música, libros, fotografías… se escapan a las entidades de gestión. ¿Cuál es la copia y cuál es el original? ¿Cómo se agrava con un impuesto algo que físicamente no existe?
“La alternativa y la partida se juega en Internet; Coldplay o Madonna se tiran a MySpace que es música gratis. Las maneras de difusión han cambiado y ya no hace falta la figura de una persona que lleva los discos a la tienda. En mi caso, tengo un sello donde subimos la música, hacemos un video clip y dejamos nuestras canciones gratis”, asegura Sempere quien sabe que los portales de música dan incluso oportunidades a los artistas noveles. De hecho, este músico catalán advierte: “Internet es la pieza que ha roto la baraja, y sólo llevamos 8 años de Internet”.
El negocio de la cultura, ¿agotado?
Es difícil entender que las futuras sociedades no quieran escuchar música o leer un buen libro, por lo que es paradójico que la cultura se agote como se vacía un barril de petróleo. “Desde las entidades de gestión juegan con el concepto de que el modelo está caduco, cuando la cultura libre también genera beneficios”, asegura José, uno de los activistas de EXGAE, quien cree que el único modelo marchito es el de las entidades gestoras “que tienen interés en establecer tasas para seguir prevaleciendo”. El modelo que defiende EXGAE diferencia perfectamente al artista y al intermediario. Para esta asesoría el creador intelectual puede vivir de su trabajo sin necesidad de contar con una entidad de gestión. Por lo que creen que los miedos a la extinción de la cultura provienen de estas entidades que cada vez tienen más difícil sobrevivir, en buena medida por la expansión de las nuevas tecnologías que hacen al artista independiente.
“La mayoría de socios con los que hablas no están muy contentos. El que está contento es el que cobra que son los que menos”, asegura Ana María Méndez quien cree que muchos llegan a la SGAE sin ser conscientes de ello. “Muchos músicos se encuentran que tienen que cumplimentar una serie de papeles que les indican que deben pertenecer a una entidad de gestión. También muchos chavales recién licenciados se encuentra que su trabajo ha sido registrado nada más salir de la Universidad… se está captando a mucha gente de esta forma”, explica Méndez quien cree que la EXGAE intenta paliar el desconocimiento.
En la misma línea se muestra Marc Sempere quien considera que a día de hoy se tiene la percepción de que se relaciona al mundo de la cultura con la SGAE, de hecho asegura que la Sociedad General de Autores en muchos casos está cobrando cuando no le corresponde: “Muchos artistas que actuamos no somos de la SGAE por lo que no les vamos a pagar, de hecho hay un documento -APRA- en el que se especifica quien no es socio de la SGAE por lo que el dueño del garito o del espectáculo no tiene por qué pagarles”, asegura Sempere quien se encuentra envuelto en un litigio con la SGAE, puesto que es el autor de la banda sonora de El taxista ful, una película galardonada en el Festival de San Sebastián y proyectada en los cines. Sempere no pertenece a la SGAE y exige que la entidad gestora no se aproveche de su trabajo.
Para Ana María Méndez “el principal problema es que no se logra por ningún medio que las entidades de gestión reconozcan que son sólo gestoras y únicamente tienen capacidad para gestionar un repertorio limitado, que es el de los socios”. De ahí, que según esta asesoría, se den situaciones como las de El taxista ful, una de las muchas batallas que lidiaran SGAE y EXGAE. Hay partida.
El Parlamento Europeo ha decidido rechazar un plan que pretendía criminalizar las actividades que se generan en las redes de transmisión de archivos compartidos, comunmente conocidas como redes P2P.
El resultado de la votación en el Parlamento fue de 314 a 297 votos, a favor de rechazar una serie de medidas que se habían propuesto para proteger los derechos de autor, que finalmente han sido consideradas como excesivas.
Según la parlamentaria Malene Folke Chaucheprat, la Unión Europea debe mostrar templanza y hacer de puente entre los intereses de los consumidores y los que ostentan los derechos de autor, y nunca apoyar medidas que son tan restrictivas.
Las propuestas para criminalizar las redes P2P habían llegado desde Francia y el Reino Unido, donde se estaba intentando obligar a los ISP a que desconectaran a los clientes que se descargaran archivos protegidos.