La plataforma Todoscontraelcanon anunció que impugnará ante los tribunales el reglamento de desarrollo del canon digital, que ayer entró en vigor y que supondrá un incremento medio del 24,2 por ciento del coste de aparatos y soportes, con un sobrecoste anual de 220 euros por hogar. La asociación denunciará el gravamen ante el tribunal europeo de la competencia y solicitará una iniciativa legislativa popular al Congreso.
Y es que las organizaciones que integran la plataforma consideran que el reglamento contraviene la letra de la ley de Propiedad Intelectual que regula el canon, al gravar los discos duros y al tener un carácter retroactivo. La plataforma calificó de “tremendo error” esta Orden ministerial “que sólo beneficia a las entidades de gestión de derechos y a un núcleo muy reducido de autores”.
Llamamiento. “Hacemos una llamamiento a los partidos que dijeron ´no´ al canon para que de forma inmediata reaccionen y no avalen este reglamento, inaceptable desde el punto de vista económico y de equilibrio democrático”, dijo el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, que animó a utilizar la copia privada con todas sus consecuencias: “Puesto que pagamos por adelantado, hagámoslo de manera masiva y legal ya que esto lo legaliza”.
Entre otros motivos para “impugnar” la orden citada, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, explicó que la ley fija que los discos duros están “exentos”. Sin embargo, la Orden ministerial “hace una definición de disco duro diciendo que los que están exentos son solamente los configurados como discos de sistema”, por ejemplo el de un ordenador, pero no los que se venden como memoria adicional ya que no llevan incorporado un sistema operativo, y esto es “recurrible”, señaló. La retroactividad sería recurrible porque si el fabricante no paga el canon, se sigue la cadena de distribución y comercialización hasta llegar al vendedor, al que no se le ha informado.
La suma del gravamen digital generado por el uso de tecnología entre consumidores, empresas y administraciones públicas supondrá un mínimo de 225 millones de euros en 2008 como “impuestos añadidos” aunque la Orden diga que el canon se rebajaría si se superan los 111 millones. Sin embargo, esa cantidad no será administrada por un organismo público, sino por las sociedades de gestión de derechos de autor.
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