Una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia ha fijado el nuevo canon que grava los CDs y los DVDs vírgenes, los teléfonos móviles o las PDAs que dispongan de MP3, así como los reproductores de MP3 y MP4. También pagarán una tasa los escáneres, las grabadoras, las fotocopiadoras etcétera. De ese modo se desarrolla lo dispuesto en la improvisada ley de propiedad intelectual. Y paralelamente, al hilo de las nuevas tarifas -se produce una bajada en el canon de los móviles-, ha resurgido la protesta airada de los consumidores, que, con toda la razón, no están de acuerdo con que se les sancione preventivamente por una infracción que pueden o no cometer.
No entienden las sociedades de gestión de derechos de autor -que se manifiestan “muy satisfechas” por esta disposición- que el establecimiento de un canon para recuperar aquellos derechos que pierden por copias fraudulentas o ilegales es simplemente una invitación al pirateo. Puesto que ya nos han cobrado por la estafa -pensará más de uno-, no es lógico que dejemos de cometerla.
Los productores de contenidos susceptibles de ser pirateados, y muy especialmente las discográficas, harían bien en aguzar el ingenio, abaratando costes y precios, entregando productos de mayor valor añadido y seduciendo a los consumidores, en lugar de enfrentarse a ellos como si fuera posible poner puertas al campo.
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